Expertos de Naciones Unidas especializados en derechos humanos afirmaron que los copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, consolidaron una dictadura con el objetivo de perpetuar un poder familiar
El grupo investiga denuncias de violaciones y abusos cometidos en el país desde abril de 2018. Según sus conclusiones, documentó detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, persecución política y la pérdida de ciudadanía de opositores
Control de las instituciones
Los expertos sostienen que el partido gobernante ejerce un control total sobre la policía, los tribunales y las cárceles. También señalaron que, bajo la Constitución adoptada el año pasado, la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial dejaron de actuar de manera independiente y quedaron bajo el control de los copresidentes
El informe afirma que ya no quedan partidos opositores, prensa independiente ni organizaciones no gubernamentales críticas dentro del país. Ortega declaró que Nicaragua no volverá a celebrar elecciones, según lo señalado por el grupo
Persecución y pérdida de ciudadanía
Desde las protestas masivas de 2018, que fueron reprimidas con un saldo de cientos de muertos, el gobierno mantuvo el poder. En las elecciones de 2021, Ortega se proclamó ganador después de que fueran encarcelados los candidatos que podían derrotarlo. Estados Unidos no reconoce su presidencia
Las autoridades encarcelaron o forzaron al exilio a opositores, líderes religiosos y periodistas. También confiscaron viviendas y bienes, retiraron la ciudadanía a cientos de personas y cerraron más de 5.000 organizaciones desde 2018, en su mayoría religiosas. Miles de nicaragüenses abandonaron el país
Desde febrero de 2023, al menos 452 personas consideradas opositoras fueron declaradas "traidoras" y quedaron sin ciudadanía. Entre ellas hay antiguos dirigentes sandinistas, un exvicepresidente y todos los candidatos presidenciales de 2021
Denuncia ante tribunales internacionales
Los expertos afirmaron que existen motivos razonables para considerar que se cometieron crímenes de lesa humanidad. También denunciaron una red de vigilancia transnacional que monitorea, intimida y ataca a cientos de miles de nicaragüenses que viven en el extranjero
El grupo pidió a distintos países que presenten un caso contra Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia por una presunta violación de la convención sobre la apatridia. Nicaragua no forma parte de la Corte Penal Internacional
El gobierno nicaragüense rechazó las acusaciones, calificó al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas como manipulado e injerencista y afirmó que las denuncias forman parte de una agresión política