La presión del gobierno de Florida para sumar a las policías locales a la política migratoria federal no logró una adhesión generalizada. La mayoría de las ciudades del sur del estado mantiene su distancia de los acuerdos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)

Más de 30 municipios no firmaron convenios para incorporarse al programa 287(g), que permite capacitar a agentes locales y delegarles determinadas funciones vinculadas con la aplicación de las leyes migratorias federales

Entre las ciudades que permanecen fuera del programa se encuentran Fort Lauderdale, Miramar, Homestead y Miami Beach. En cambio, Coral Gables, Hialeah, Davie, Hollywood y Sweetwater sí suscribieron acuerdos

Qué establece el programa 287(g)

El programa habilita una colaboración formal entre las autoridades migratorias federales y determinadas fuerzas policiales locales mediante capacitación y delegación de funciones

Florida tiene la segunda mayor cantidad de acuerdos 287(g) del país, detrás de Texas. Una ley estatal firmada por Ron DeSantis en 2022 obliga a las oficinas de los alguaciles y a los centros de detención de los condados a incorporarse al programa

La norma, sin embargo, no establece de manera explícita que todos los municipios deban firmar convenios con el ICE. Once municipios sin acuerdos no recibieron presiones ni amenazas de dirigentes estatales para sumarse

Resistencia en Miami y Doral

Las ciudades que sí adhirieron también enfrentan cuestionamientos de residentes, activistas y dirigentes comunitarios. Las críticas se concentran en el posible impacto de la colaboración sobre la confianza en la policía

Los opositores advierten que la participación de agentes locales en tareas migratorias podría generar temor entre las comunidades inmigrantes y desalentar las denuncias de delitos. También sostienen que algunas víctimas podrían evitar acudir a la policía por miedo a que sus datos o su situación migratoria sean vinculados con autoridades federales

En Doral, residentes y representantes de organizaciones sociales reclamaron ante el ayuntamiento que la alcaldesa Christi Fraga y el concejo municipal abandonen el acuerdo 287(g)

Un incentivo económico sin nuevas adhesiones generalizadas

El ICE ofreció a los departamentos policiales un pago inicial de 100.000 dólares y el reembolso de los salarios de los agentes participantes. No estaba claro si esos fondos habían sido solicitados o distribuidos al momento del relevamiento

Doral e Indian Creek informaron que no recibieron dinero de las autoridades federales por su participación en el programa