ROSARIO.- Iván Roberto Jokanovich, un abogado de 54 años que había trabajado en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), fue condenado a un año y seis meses de prisión efectiva y tres años de inhabilitación especial. El Tribunal Oral Federal N° 1 homologó el 20 de octubre un juicio abreviado por encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público

Como llevaba tiempo detenido, el acusado recuperó la libertad. El fallo reconstruyó cómo colaboró con Juan José Raffo, un excomisario vinculado con la banda de Los Monos, quien logró evitar durante más de dos años una orden de captura. Raffo fue detenido en marzo de 2025, en el barrio porteño de Barracas

El cargo que no tenía

Jokanovich fue interceptado por Gendarmería el 6 de enero de 2023, al salir de un edificio de la calle 9 de Julio 2477. Dijo ser integrante de la AFI y se presentó como “jefe de inteligencia de la jurisdicción”. Los documentos desclasificados incorporados al expediente indican que no ocupaba ese cargo

Según registros de la exAFI, tuvo dos períodos en el organismo: entre el 18 de mayo de 2015 y el 28 de enero de 2016, y entre el 1° de enero de 2021 y el 6 de enero de 2023. En su última etapa era agente de la Unidad Operacional Rosario y cumplía tareas de “reunión de información”. La agencia informó que no existían órdenes ni autorizaciones para que interviniera en la investigación sobre Raffo

La información que llegó a Raffo

Entre agosto de 2022 y mayo de 2024, Jokanovich le transmitió a Raffo datos sobre seguimientos de Gendarmería y escuchas de su línea telefónica. Para el tribunal, esa ayuda redujo la eficacia de las medidas y permitió que el excomisario eludiera la detención vinculada con la investigación por el homicidio de Nelson Saravia

La causa había comenzado con información aportada por un imputado colaborador sobre una red vinculada con Ariel Máximo “Guille” Cantero, Leandro “Pollo” Vinardi y Guillermo “Chupa” Sosa. Los teléfonos de Sosa, detenido en mayo de 2022, condujeron a los investigadores hasta Raffo y luego hasta Jokanovich

Durante los allanamientos del 3 de marzo de 2023, los investigadores no encontraron a Raffo en uno de los domicilios registrados, ubicado en Julio Marc 3010, Rosario

El contacto con un fiscal

El expediente también estableció que Jokanovich alertó a Mariano Ríos Artacho, entonces fiscal del Ministerio Público de la Acusación. Las vigilancias habían detectado que Raffo utilizaba, al menos desde el 18 de octubre de 2022, un Chevrolet Cruze registrado a nombre del funcionario. El vehículo fue visto en el aeropuerto de Ezeiza el 14 de noviembre

El 27 de diciembre de 2022, Jokanovich le informó al fiscal que la Procuraduría de Narcocriminalidad investigaba a Raffo y le preguntó si era dueño de un Cruze oscuro. Según el relato posterior de Ríos Artacho, también le dijo que podía resolver la situación desde el ámbito nacional y apartarlo de la investigación federal

Dos días después, el fiscal declaró que había vendido el automóvil a Álvaro Rosales el 15 de octubre. Sin embargo, la denuncia de venta fue registrada el 15 de diciembre, un mes después de que Raffo apareciera con el vehículo en Ezeiza. El tribunal consideró que Jokanovich había accedido y transmitido información de una investigación en la que no tenía intervención

Los rastros del teléfono

El celular Xiaomi azul secuestrado el 6 de enero de 2023 contenía un contacto guardado como “JUAN”, correspondiente a la línea de Raffo, además de comunicaciones con Ríos Artacho. Muchos chats no conservaban su contenido y varios registros comenzaban el 4 o el 5 de enero, cuando ya se había ordenado el secuestro del aparato. También aparecían mensajes con la leyenda “Borraste este mensaje”

Entre los documentos hallados había una factura por el alquiler de un departamento en San Martín 1619, piso 3 B, Rosario. El alquiler, correspondiente a noviembre de 2022, estaba a cargo de Raffo y consignaba como domicilio comercial Ituzaingó 1055, una dirección vinculada con Jokanovich

El teléfono también contenía documentos de la causa FRO 26709/2022, sobre narcotráfico en la Terminal Puerto Rosario, una investigación ajena a las funciones del agente. Entre junio y julio de 2022 se habían detectado 1434 kilos de cocaína ocultos mediante el método rip-off en contenedores que transportaban maní de Córdoba

Además, se sospecha que otro cargamento de más de 1600 kilos de cocaína, secuestrado en agosto de 2026 en un galpón de Empalme Graneros, también iba a salir por esa terminal. El fallo no desarrolla esa línea

Armas, dinero y manuales

En los allanamientos del 10 de mayo de 2024, realizados en las propiedades de Ituzaingó 1055 y 1065, se secuestraron armas, municiones, dinero, equipos electrónicos y manuales de inteligencia

La lista incluyó una pistola Glock 25 calibre .380 con 14 balas, tres revólveres calibre .22, una escopeta semiautomática Benelli, 133 cartuchos calibre 12 y 700 municiones de 9 milímetros. También se encontraron $4.751.800, US$110, una máquina para contar billetes, una caja fuerte, dos DVR, dos cámaras profesionales, al menos seis celulares, computadoras, discos y memorias externas

En el inmueble de Ituzaingó 1065 había además seis cajas de lidocaína, con 100 ampollas de cinco mililitros cada una. El fallo no explicó por qué el anestésico, utilizado habitualmente como sustancia de corte de la cocaína, estaba en la vivienda

El tribunal ordenó decomisar los elementos. Los manuales serán enviados a la SIDE, que dispone de diez días hábiles para informar si quiere acceder al contenido de los dispositivos electrónicos

La detención y la condena

Jokanovich fue detenido en mayo de 2024. Un mes después obtuvo la excarcelación, pero la Cámara Federal de Rosario revocó esa decisión en agosto. El 29 de mayo de 2025, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible su recurso y al día siguiente se ordenó nuevamente su detención

Desde entonces permaneció alojado en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. En la audiencia del 16 de octubre aceptó las acusaciones por encubrimiento agravado, un delito que prevé entre uno y seis años de prisión

El juez consideró la “particular posición institucional” del acusado, aunque valoró su reconocimiento y la falta de antecedentes. La pena quedó cerca del mínimo previsto