Un fiscal especial de Corea del Sur solicitó este jueves la pena de muerte para el expresidente destituido Yoon Suk Yeol, en el marco de la apelación por los cargos de rebelión relacionados con su breve declaración de la ley marcial

El Tribunal Superior de Seúl todavía no fijó la fecha para resolver el recurso contra la condena a cadena perpetua dictada en febrero por el Tribunal Central de Seúl. Esa sentencia concluyó que Yoon movilizó ilegalmente a tropas y policías para tomar el Legislativo, detener a opositores y establecer un poder sin controles durante un período considerable

El equipo del fiscal especial Cho Eun-suk también apeló el fallo. Sostiene que las acciones de Yoon representaron una amenaza grave para la democracia surcoreana y que solo la pena de muerte permitiría responsabilizarlo plenamente por organizar una rebelión

Aunque los fiscales pidieron esa condena, una ejecución parece improbable. Corea del Sur no ejecuta a ninguna persona desde 1997 y mantiene, en la práctica, una suspensión de la pena capital

Durante la audiencia, los abogados de Yoon rechazaron los argumentos de la fiscalía y afirmaron que carecen de pruebas y lógica jurídica. También sostuvieron que la ley marcial buscaba alertar a la población sobre los intentos de la Asamblea, controlada por la oposición, de paralizar el funcionamiento del Estado. Según su defensa, Yoon no pretendía causar daños ni instaurar un régimen autoritario

El decreto fue anunciado durante la noche del 3 de diciembre de 2024 y duró solo unas horas. Un quórum de legisladores atravesó un cerco formado por soldados y policías armados en la Asamblea Nacional y votó levantar la medida, lo que obligó al gabinete a revocarla

Yoon fue suspendido del cargo el 14 de diciembre de 2024, después de que la Asamblea aprobara su destitución. La Corte Constitucional confirmó su salida en abril de 2025. En julio de ese año volvió a ser detenido y desde entonces afronta varios procesos penales

Además de recurrir la cadena perpetua por rebelión, el expresidente apeló una condena de 30 años de prisión en otro caso. Allí se lo acusa de ordenar vuelos de drones en 2024 para aumentar deliberadamente la tensión con Corea del Norte y crear un pretexto para declarar la ley marcial. Sus abogados dijeron que los vuelos respondieron al envío de miles de globos con basura desde el Norte