El fideicomisario de Michigan State University Mike Balow presentó esta semana una demanda federal contra la presidenta del directorio, Briana Scott, y el secretario, Stefan Fletcher. Sostiene que la política de ética y conducta de la institución es inconstitucional
El reglamento fue actualizado la primavera pasada, mientras algunos integrantes del directorio cuestionaban públicamente decisiones de la universidad. Una de sus disposiciones exige que los fideicomisarios respalden las decisiones aprobadas por la mayoría y no las socaven
Otra norma establece que, después de una decisión del directorio, sus miembros deben actuar de acuerdo con sus deberes fiduciarios, incluido el deber de lealtad
Balow afirma que esas reglas pueden silenciar a funcionarios elegidos y permitir sanciones contra quienes critiquen públicamente a la conducción de Michigan State. En su demanda sostiene que se trata de una discriminación basada en el punto de vista
Scott defendió el código. Según la presidenta, contiene disposiciones similares a las vigentes en el directorio de Wayne State University y busca garantizar que el órgano pueda gobernar en beneficio de estudiantes, docentes, empleados, familias, socios de investigación, contribuyentes y el público
Scott también afirmó que la política no impide que los integrantes expresen objeciones, ejerzan tareas de supervisión o cuestionen decisiones, sino que fija prácticas de gobierno consideradas razonables
La demanda de Balow es la segunda presentada este mes por un integrante del directorio contra autoridades de Michigan State. La fideicomisaria Rema Vassar demandó la semana pasada al presidente de la universidad, Kevin Guskiewicz, y a otras personas por una presunta discriminación racial
Balow aseguró que él y Vassar quedaron excluidos de aproximadamente 20 actividades de la universidad desde que decidieron no firmar la política en mayo. Mencionó partidos de fútbol, la Conferencia de Política de Mackinac, el discurso sobre el estado de la universidad y una cena para reconocer a empleadores que ayudaron a restablecer el suministro eléctrico del campus tras un corte importante
El fideicomisario dijo que tampoco obtuvo una respuesta cuando planteó la situación durante una llamada del directorio. Ahora espera que el proceso judicial examine la constitucionalidad del código y determine si sus disposiciones son compatibles con la función de un órgano universitario