Sheikh Hasina afirmó que mantiene su decisión de regresar a Bangladesh en diciembre, pese a haber sido condenada a muerte por un tribunal especial del país

La ex primera ministra huyó a India después de que protestas estudiantiles provocaran su salida del poder en 2024. Desde entonces permanece exiliada

El tribunal bangladesí la responsabilizó de ordenar la represión contra los manifestantes y la condenó por crímenes contra la humanidad. Hasina niega las acusaciones, rechaza el fallo y cuestiona la legitimidad del proceso

Un informe de Naciones Unidas señaló que cerca de 1.400 personas murieron durante la represión. Cientos más fallecieron y miles resultaron heridas, según los datos citados en el caso

Bangladesh ha solicitado en varias ocasiones la extradición de Hasina, pero India no la ha entregado. La exmandataria no explicó cómo planea regresar

“Si la muerte es mi destino, prefiero morir en el suelo de mi país, entre mi propia gente”, declaró Hasina. También reconoció que podría ser arrestada, encarcelada, torturada o asesinada al llegar

Un regreso en medio de la crisis política

Hasina gobernó Bangladesh entre 2009 y 2024. Tras su destitución, Muhammad Yunus encabezó una administración interina durante 18 meses

En febrero, Tarique Rahman, hijo de la ex primera ministra Khaleda Zia y rival político de Hasina, llegó al poder tras ganar ampliamente unas elecciones celebradas durante ese periodo. La Liga Awami, el partido de Hasina, no pudo participar

La organización continúa prohibida y varios de sus dirigentes fueron detenidos o se exiliaron. Hasina sostiene que al menos 20 integrantes del partido murieron desde agosto de 2024 y que miles fueron arrestados, torturados u obligados a ocultarse

El Gobierno afirma que las detenciones responden a cargos específicos. Organizaciones de derechos humanos han cuestionado, sin embargo, la situación de las libertades civiles y políticas

La exmandataria también advirtió sobre el avance de grupos radicales y el deterioro del orden público. El Gobierno interino ha rechazado las denuncias sobre intimidación contra minorías y sobre el crecimiento de fuerzas extremistas