Tras las elecciones del 3 de noviembre, los demócratas obtuvieron el control de la Cámara de Representantes y el Senado. A partir de enero, podrán supervisar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mediante comisiones con poder de citación

Ese mecanismo permite exigir documentos y testimonios, celebrar audiencias y examinar cómo se aplican las leyes migratorias. Sin embargo, una investigación no puede ordenar por sí misma el fin de una redada

El poder de las comisiones

Las comisiones parlamentarias pueden iniciar investigaciones oficiales y emitir citaciones obligatorias cuando actúan dentro de su competencia y persiguen una finalidad legislativa válida

Los legisladores individuales y los miembros de mayor rango de la minoría no tienen, por sí solos, autoridad para abrir investigaciones formales de una comisión ni para emitir citaciones. Sí pueden pedir cooperación voluntaria y realizar tareas de supervisión con herramientas más limitadas

El presupuesto como vía de presión

El Congreso también puede intentar restringir los operativos mediante leyes de financiamiento. Para hacerlo, debería modificar partidas futuras o cambiar recursos ya autorizados, una diferencia relevante porque buena parte del dinero asignado al ICE permanece disponible hasta el año fiscal 2029

Cualquier cambio legislativo debe ser aprobado por ambas cámaras y enviado al presidente, que puede firmarlo o vetarlo. Además, el partido necesitaría 60 votos en el Senado para controlar por completo el proceso legislativo

Los fondos ya aprobados

La ley fiscal de 2025 asignó alrededor de 75.000 millones de dólares al ICE, incluidos 45.000 millones para detención, con disponibilidad hasta el 30 de septiembre de 2029

Otra ley, firmada el 10 de junio de 2026, agregó 31.075 millones de dólares para personal, traslados, deportaciones y acuerdos 287(g) de coordinación con autoridades locales. Esos fondos también tienen vigencia hasta 2029 y no requieren una nueva aprobación del Congreso

En conjunto, las dos leyes representan unos 106.000 millones de dólares para el ICE. Por eso, las investigaciones pueden producir información, testimonios y cambios normativos, pero no suspenden automáticamente las redadas ni eliminan el financiamiento vigente

La Casa Blanca puede demorar las investigaciones, cuestionar las citaciones o invocar el privilegio ejecutivo. El Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que los demócratas priorizan maniobras políticas y afirmó, a través de su asesor jurídico James Percival, que la agencia está preparada