El gobierno de Estados Unidos anunció cargos federales contra seis personas de Massachusetts acusadas de operar una red que organizaba matrimonios falsos para facilitar la obtención de la residencia permanente a personas indocumentadas

Según la acusación, la organización habría funcionado durante más de diez años y cobraba entre US$38.000 y US$40.000 por cada caso. La presunta red gestionaba entre 18 y 20 matrimonios simulados por año

Una estructura con funciones diferenciadas

Jennifer Gonzalez, de 43 años y residente de Fall River, es señalada como la responsable de dirigir el negocio. La acusación sostiene que pagaba a ciudadanos estadounidenses para casarse con clientes indocumentados y presentar documentación falsa ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos

Erica Daniels, de 29 años; Chreise Alejandro, de 39; Jessica Tavares, de 31; y Jaylin Hill, de 26, todos de Fall River salvo Tavares, de Attleboro, fueron identificados como presuntos participantes en los matrimonios. Amara Pugh, de 31 años y también de Fall River, habría trabajado como secretaria

Para aparentar que las relaciones eran legítimas, Gonzalez presuntamente instruía a los clientes para tomarse fotografías tipo selfie, abrir cuentas bancarias conjuntas y contratar seguros de vida. También les decía que la preparación de los documentos podía demorar entre tres y cuatro meses y les exigía firmar contratos por sus servicios

Pagos y documentos simulados

Entre las pruebas reunidas figura una grabación en la que Gonzalez habría dirigido la impresión y firma de un contrato de préstamo ficticio y aceptado un pago inicial de US$3.000 en efectivo

La acusación indica que el documento evitaba mencionar al cónyuge porque esa referencia podía resultar incriminatoria. Además, los clientes solían pagar US$500 mensuales a su supuesto cónyuge o a una persona cercana para mantener vigente el matrimonio simulado

Gonzalez habría acumulado cientos de miles de dólares, utilizados para comprar bienes raíces y negocios en República Dominicana. También se le atribuye haber gastado más de US$120.000 en beneficios del programa de asistencia alimentaria SNAP

En grabaciones de audio y video, la mujer habría recomendado Massachusetts por su condición de estado santuario y por el respaldo de sus autoridades locales a los inmigrantes

Cargos y penas previstas

Los seis acusados enfrentan cargos por conspiración para dar refugio a personas indocumentadas y por albergarlas. Esos delitos contemplan hasta diez años de prisión, tres años de libertad supervisada y multas de hasta US$250.000

Los cargos por fraude matrimonial y conspiración para cometerlo prevén hasta cinco años de cárcel y multas individuales de hasta US$250.000

La fiscal federal Leah B. Foley sostuvo que quienes intenten obtener ganancias mediante este tipo de maniobras deberán responder ante la Justicia