La visita al país del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, confirmó que Washington sigue de cerca el proyecto de ley sobre defensa de la soberanía nacional, conocido como “ley de Malvinas”. La iniciativa contempla sanciones contra petroleras que operen en las islas y extiende las penalidades a empresas que las financien

El funcionario estadounidense expresó cuestionamientos sobre el alcance del texto y reclamó una delimitación más precisa de los tipos penales. La presión externa se sumó a las críticas internas contra un proyecto que también introduce reformas en las leyes de Defensa Nacional, Financiamiento de los Partidos Políticos e Inteligencia

Negociaciones dentro del oficialismo

El capítulo I, dedicado a proteger los intereses argentinos en las islas, quedó en el centro de la discusión. El sector vinculado con el asesor presidencial Santiago Caputo sostiene que el proyecto brinda herramientas necesarias para defender la soberanía y que debería aprobarse sin modificaciones sustanciales

Otros funcionarios de la Casa Rosada y diputados, en cambio, aceptan realizar cambios para facilitar la aprobación y evitar un conflicto con Estados Unidos. En esa línea, Silvana Giudici, responsable legislativa de la iniciativa, se reunió este viernes con Caputo y María Ibarzábal Murphy, funcionaria del área de Legal y Técnica

Tras el encuentro, desde el oficialismo indicaron que trabajan en la delimitación de los tipos penales. También señalaron que se ajustaron artículos considerados demasiado amplios o imprecisos para precisar su alcance

El artículo sobre desinformación

Entre las modificaciones que los legisladores aliados dan por encaminadas aparece la revisión del artículo 111, incluido en el capítulo VI. La norma contemplaba penas de hasta 12 años de prisión para quienes, por cuenta de un agente extranjero, intentaran alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas de desinformación

La nueva versión dejaría afuera los términos más ambiguos vinculados con esas campañas, cuestionados por el posible impacto sobre la libertad de expresión

Plazos legislativos bajo presión

El Gobierno asegura que el proyecto seguirá adelante y que busca tratarlo, votarlo y aprobarlo cuanto antes. Sin embargo, admite que las negociaciones con sus aliados pueden generar demoras

La posibilidad de postergar el debate hasta el final del período de sesiones ordinarias también alimentó las disputas internas. La emisión de dictamen en la Comisión de Defensa aparece complicada, mientras que luego la iniciativa deberá atravesar el Senado

En esa Cámara, parte de la atención oficialista está concentrada en la suspensión de las PASO. Por ahora, no se registran avances significativos sobre ese tema