La Dirección Nacional de Migraciones sostuvo que Flavio Bolsonaro, su esposa y sus dos hijas ingresaron a la Argentina desde Brasil con documentación válida y sin restricciones legales. El grupo permaneció menos de una hora en Puerto Iguazú y luego continuó su viaje hacia Estados Unidos

El Gobierno de Javier Milei defendió la autorización y afirmó que se cumplieron los procedimientos establecidos. También negó que la Secretaría de Inteligencia del Estado hubiera colaborado con la salida del senador brasileño, aunque funcionarios y dirigentes oficialistas difundieron mensajes que presentaron el episodio como una acción de respaldo político

La situación judicial en Brasil

Bolsonaro es investigado en Brasil por presunto lavado de dinero y sobornos. Según la información disponible, no tenía una orden de detención ni una alerta internacional vigente, aunque un tribunal le había ordenado entregar su pasaporte, una medida destinada a impedir su salida del país

Desde Migraciones señalaron que los tránsitos fueron registrados sin incidentes. La oposición pidió que la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el canciller, Pablo Quirno; y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, concurran al Congreso para explicar si existió colaboración oficial

El reclamo por criterios diferentes

La autorización fue comparada con decisiones recientes del mismo organismo contra otras personas. El periodista brasileño Rogerio Tomaz Jr. fue detenido el 13 de octubre en el Aeroparque Jorge Newbery y enviado de regreso por presuntos incumplimientos en los requisitos de residencia

Días antes, la periodista vasca Nekane Txapartegi también había sido obligada a regresar a Europa. Había viajado desde Suiza para cubrir un encuentro de organizaciones de mujeres y diversidades previsto en Córdoba, pero fue acusada de ser una “falsa turista”

El debate también alcanzó las cifras migratorias. El presidente Milei afirmó que su Gobierno había deportado a 20.000 terroristas durante ese año y a otros 10.000 el año anterior. Las estadísticas oficiales mencionadas en el caso registran, en cambio, 744 expulsiones y 18.947 incidentes de entrada, sin clasificar a esas personas como terroristas

Impacto en la relación con Brasil

El Gobierno brasileño evitó, por el momento, responsabilizar a la administración argentina y describió el episodio como un asunto entre el senador y el Poder Judicial

Dentro del oficialismo argentino hubo sectores que consideraron que la autorización podía perjudicar una eventual recomposición política con Brasil. El episodio se suma a las tensiones entre Milei y Luiz Inácio Lula da Silva y al retiro de los embajadores de ambos países