La Justicia federal de Estados Unidos impuso límites a determinadas investigaciones de campo relacionadas con la elegibilidad de los votantes. La medida alcanza al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a otras agencias en nueve estados antes de las elecciones del 3 de noviembre
Qué dispone la resolución
El fallo fue dictado el 21 de octubre por la jueza Araceli Martínez-Olguín, del Tribunal Federal del Distrito Norte de California. La orden restringe los interrogatorios y las investigaciones cuando las personas involucradas sean, puedan ser o deban ser consideradas razonablemente ciudadanas o ciudadanos estadounidenses
También limita los procedimientos sustentados exclusivamente en determinados registros del sistema federal TECS, utilizados dentro de la política de verificación de elegibilidad electoral
La disposición rige para California, Connecticut, Georgia, Missouri, Nevada, Nueva York, Pensilvania, Washington y Wisconsin. Comprende a funcionarios, agentes, empleados, abogados y otras personas que actúen en coordinación con las dependencias demandadas
Su vigencia está prevista hasta las 20, hora local, del 3 de noviembre, cuando cierren los centros de votación, salvo que el tribunal establezca otra cosa
Los datos y el método cuestionados
La causa se inició a partir de una demanda presentada por organizaciones civiles, representantes de trabajadores de la salud y autoridades locales. La coalición cuestionó las prácticas federales destinadas a detectar posibles casos de fraude electoral
Según los antecedentes del expediente, las autoridades reunieron más de 98 millones de registros de distintas procedencias, incluidos padrones y bases de datos comerciales. Esa información fue procesada mediante herramientas de inteligencia artificial del sistema iLab
La jueza advirtió sobre los riesgos de utilizar esos datos sin mecanismos suficientes para verificar su exactitud. Entre los problemas señalados aparecen las coincidencias de nombres, los errores administrativos y la información desactualizada
La resolución también consideró que la falta de una base federal única que certifique la ciudadanía de todos los residentes dificulta establecer con precisión quién cumple los requisitos para votar
Otro aspecto cuestionado fue el tiempo destinado a revisar cada caso. Durante la fase intensiva, los agentes debían procesar al menos 40 personas por turno, con un máximo de 12 minutos para analizar cada expediente. Según la Justicia, ese procedimiento podía aumentar el riesgo de incluir por error a ciudadanos o personas naturalizadas estadounidenses
El reclamo por el impacto electoral
Las entidades demandantes sostuvieron que la presencia de agentes armados en barrios y domicilios, junto con la difusión de imágenes de arrestos en redes sociales, podía provocar temor a la vigilancia y a eventuales consecuencias legales
De acuerdo con su planteo, ese clima afectó las tareas de información, asistencia y movilización electoral. También denunciaron actividades de vigilancia e infiltración encubierta sobre organizaciones civiles e iglesias vinculadas con la participación electoral
La demanda identificó al menos 148 organizaciones como objetivos. Sus promotores afirmaron que debieron modificar actividades comunitarias, cancelar eventos y destinar recursos a explicar los procedimientos electorales y responder a las preocupaciones de los votantes
La controversia incluyó referencias a la Sección 11(b) de la Ley de Derecho al Voto, que prohíbe la intimidación, las amenazas y la coacción contra quienes participan en procesos electorales