Jubilados salvadoreños amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) recibieron notificaciones de la Administración del Seguro Social (SSA) en las que se les comunica la suspensión de sus prestaciones mensuales
Las cartas indican que los destinatarios no reunirían el requisito de presencia legal necesario para continuar cobrando sus beneficios. En algunos casos, la agencia también habría solicitado la devolución de pagos depositados con anterioridad
El caso de un jubilado de 69 años
Entre los afectados se encuentra Juan Cerén, un salvadoreño de 69 años que trabaja y paga impuestos en Estados Unidos desde 1990. La comunicación que recibió señala que no puede continuar cobrando su pensión por una supuesta falta de presencia legal
Su esposa, Marta Olivas de Cerén, describió la recepción de las cartas como un golpe inesperado para la familia
Algunas suspensiones están previstas desde septiembre, mientras los beneficiarios intentan aclarar su situación migratoria ante las autoridades federales
La norma que utiliza la Administración del Seguro Social
La SSA fundamenta las decisiones en la Sección 202(y) de la Ley del Seguro Social. Esa disposición restringe el pago de prestaciones mensuales a extranjeros durante los períodos en que no cumplen con los requisitos de presencia legal en Estados Unidos
Para determinar si una persona puede continuar recibiendo sus beneficios, la agencia verifica su situación migratoria. Especialistas en inmigración consideran que el conflicto podría estar relacionado con diferencias entre la información disponible para distintas agencias federales, aunque esa explicación no fue confirmada públicamente por la SSA
La fecha que origina la controversia
La extensión formal del TPS para El Salvador estableció un período de 18 meses, desde el 10 de marzo de 2025 hasta el 9 de septiembre de 2026
Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional confirmó que los beneficiarios mantienen su protección mientras se espera una determinación definitiva. Además, el artículo 244(b)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad establece una extensión de seis meses si las autoridades no determinan que el país dejó de cumplir las condiciones del TPS
En el caso de El Salvador, ese mecanismo extendería la protección hasta el 9 de marzo de 2027. Su aplicación debe evaluarse a partir de las disposiciones y notificaciones oficiales correspondientes
Abogados especializados atribuyen parte del conflicto a demoras en la actualización de los avisos migratorios. La diferencia entre la fecha formal de vencimiento y una eventual extensión es central para establecer si corresponde interrumpir las jubilaciones