El plan anunciado por el presidente Nayib Bukele para liberar a algunos presos detenidos durante la ofensiva contra las pandillas generó frustración entre familias que consideran injustas las detenciones

Los familiares reclaman que se revise cada expediente, se respete el debido proceso, se reconozca la inocencia de quienes fueron arrestados o condenados sin pruebas suficientes y se compense el impacto psicológico y económico de la prisión

Un programa condicionado a la revisión de miles de casos

El gobierno analiza más de 10.000 casos de presuntos colaboradores de pandillas para evaluar posibles liberaciones condicionales. Hasta la mitad podría acceder al programa “Cero Ocio”, que permite realizar trabajos comunitarios para reducir las condenas

Bukele había dicho que la medida podría alcanzar hasta al 50% de las más de 90.000 personas arrestadas bajo el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022. Ese régimen suspendió derechos como conocer las razones de la detención, acceder a un abogado y recibir visitas

Las autoridades sostienen que las detenciones fueron necesarias para mejorar la seguridad. Durante la ofensiva, la tasa de homicidios pasó de 103 por cada 100.000 habitantes en 2015 y 53 en 2018 a 1,3 en 2025. Expertos advierten que la comparación puede estar afectada por cambios en la definición oficial de homicidio

Familias que siguen sin contacto con sus parientes

Organizaciones de derechos humanos han documentado miles de arrestos arbitrarios y atribuyen parte de los errores a la rapidez de las detenciones y a un sistema de cuotas para los agentes. Muchas familias no han podido comunicarse con sus parientes y desconocen si siguen con vida

Al menos 564 personas han muerto bajo custodia estatal desde el inicio de la ofensiva

Liliana de Reyes afirma que su esposo, Israel Reyes, fue condenado en un juicio masivo, mientras que su hijo, Merlon Urias, permanece a la espera de juicio. Ambos están acusados de “asociación ilícita”, una figura utilizada para señalar presuntos vínculos con pandillas. Ella sostiene que son inocentes

El costo familiar de las detenciones

Natalia Funes de Claros no sabe nada de su hijo Óscar Orlando Rodríguez Funes desde que fue arrestado en junio de 2022. El hombre, de 41 años, sigue esperando juicio. Su madre teme que sea presionado para declararse culpable y que eso limite sus posibilidades de conseguir empleo

Funes de Claros, de 62 años, también dijo que reúne unos 100 dólares mensuales para enviarle alimentos y productos de higiene. Reclama una compensación por el deterioro de su salud física y mental y por el trauma causado a su familia

Arely Martínez relató que sus hermanos David y Neftalí permanecen detenidos y que su familia no pudo despedirse de su padre antes de que muriera. Además, el hijo de Martínez no pudo ingresar al ejército debido a los antecedentes de sus tíos

Las familias consideran que una liberación condicional mantiene implícita la acusación de culpabilidad. Por eso exigen que cada caso sea revisado y que quienes fueron detenidos injustamente sean plenamente exonerados