Dos camioneros bolivianos fueron condenados a cuatro años y ocho meses de prisión por intentar sacar de la Argentina 35.144 kilogramos de acetato de etilo con documentación adulterada. La sustancia es un precursor químico incluido en un régimen especial de fiscalización y puede utilizarse para obtener clorhidrato de cocaína
El operativo ocurrió el 16 de marzo de 2026 en el paso internacional Aguas Blancas-Bermejo, en Salta. Los conductores, Juan Carlos Nina González y Carlos Puma García, pretendían cruzar a Bolivia con 191 tambores: 95 en uno de los camiones y 96 en el otro
La documentación indicaba que la mercadería debía salir por Salvador Mazza y continuar hacia Cochabamba. Sin embargo, los vehículos habían recorrido zonas del norte y del litoral argentino hasta llegar a Aguas Blancas, un cruce distinto del autorizado
Durante el control, los investigadores detectaron que los dominios de los camiones no estaban habilitados para esa operación. También determinaron que el permiso había sido adulterado mediante un documento confeccionado con el formato del sistema de Gestión Documental Electrónica, al que se incorporaron las patentes para aparentar legalidad
Los conductores reconocieron su participación y aceptaron las penas mediante acuerdos plenos. La sentencia fue homologada el 22 de octubre por Marta Liliana Snopek, jueza del Tribunal Oral Federal N° 1 de Salta
Ambos fueron considerados coautores de contrabando agravado de precursores químicos, en grado de tentativa, mediante documentación adulterada. También fueron condenados por ingresar las sustancias a una zona de frontera sin autorización
Además de la prisión, recibieron una inhabilitación absoluta por el mismo período y las sanciones accesorias previstas en el Código Aduanero. El tribunal ordenó decomisar los 35.144 kilogramos de acetato de etilo, valuados en 167.608.459 pesos, junto con los teléfonos de los acusados
En el caso de Puma García, el decomiso incluyó el tractor y el semirremolque empleados para trasladar la carga
Una operación con empresas de tres países
La documentación vinculaba la operación con empresas de Uruguay, Bolivia y Panamá. Como transportistas figuraban Melinor S.A. y Cooperativa Tarija del Sur SRL; la adquirente era Southpac Corporation, con domicilio en Panamá
El destinatario final consignado era Corporación Mathiesen S.A., radicada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Una investigación desarrollada en ese país permitió allanar depósitos de acetato de etilo, entre ellos uno ubicado en Cochabamba y vinculado con esa firma
Las autoridades determinaron que el inmueble no estaba habilitado para almacenar sustancias químicas, un elemento que reforzó las sospechas sobre un posible desvío del precursor
El peritaje de la División Laboratorio Químico de la Policía Federal Argentina confirmó que la sustancia incautada era acetato de etilo. La investigación estuvo a cargo del fiscal federal subrogante Marcos Romero, titular de la Sede Fiscal Descentralizada Orán, con la colaboración de organismos especializados y autoridades bolivianas