El diputado de Unión por la Patria Guillermo Michel pidió al presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos, que el organismo audite de manera integral la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA)
La solicitud fue presentada pocas semanas antes del plazo fijado para firmar el contrato de transferencia. Michel integra la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas del Congreso, que tiene atribuciones para requerir investigaciones sobre procesos de este tipo
Qué debería revisar la auditoría
El pedido incluye una auditoría de gestión, financiera y de cumplimiento. También plantea que la revisión sea incorporada al Programa Operativo Anual 2026 de la AGN y que comience de inmediato
Michel ya había cuestionado la operación y expresó preocupación por las consecuencias que una eventual interrupción del servicio podría tener para los usuarios
La adjudicación y el paquete accionario
El 22 de octubre, el Gobierno adjudicó la licitación por US$340,2 millones a un consorcio integrado por Rowing SA, vinculada con Walter Román; Arcos Saneamento e Participações SA; PHX Aqua AR BV; y Transclor SA, de Mauricio Filiberti
La operación comprende la venta del 90% de las acciones de AySA pertenecientes al Estado nacional. La empresa presta servicios de agua potable a 14 millones de personas
La adjudicación quedó formalizada mediante la Resolución 1818/2026 del Ministerio de Economía, firmada por Luis Caputo. La norma aprobó la segunda etapa de la licitación y seleccionó al consorcio que obtuvo el primer lugar en el orden de mérito
El próximo paso y las condiciones
La firma del contrato y el cumplimiento de las condiciones previstas son las próximas instancias del proceso. El plazo establecido para la rúbrica vence el 13 de noviembre
La privatización se apoya en la Ley Bases, que incluyó a AySA entre las empresas sujetas a privatización, y en el decreto 494/2025, que autorizó la venta de la participación estatal
El esquema legal contemplaba transferir al menos el 51% del paquete accionario a un operador estratégico y vender luego las acciones estatales restantes. Sin embargo, la adjudicación actual incluye la totalidad de la participación del Estado, equivalente al 90% del capital social
El 10% restante continuará en manos de los trabajadores mediante el programa de propiedad participada, administrado por el sindicato a cargo de José Luis Lingeri
Inversiones y metas de cobertura
Además del precio de adquisición, el consorcio deberá invertir US$1940 millones durante los primeros cinco años y US$15.040 millones a lo largo de los 30 años de concesión
La concesión vence en 2056 y puede extenderse por otros 10 años. Para la primera década, las metas prevén elevar la cobertura de agua del 75,3% al 78,9% y la de cloacas del 63,9% al 65,3%