El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó la AB 1807, una ley que restringe el uso de propiedades y recursos estatales para preparar o ejecutar operativos federales de control migratorio

Identificación y control de los inmuebles

La norma obliga al Departamento de Servicios Generales y a las agencias estatales a identificar los edificios públicos que fueron utilizados o podrían ser empleados para este tipo de operaciones

Una vez localizados esos espacios, las autoridades deberán aplicar medidas para impedir accesos no autorizados. Entre ellas figuran barreras físicas y carteles estandarizados que informen sobre las restricciones

La Oficina del Fiscal General de California diseñará la señalización y pondrá los modelos a disposición para su descarga gratuita, con el objetivo de unificar los avisos en las distintas dependencias

Registro y reporte de posibles intervenciones

Las agencias también tendrán que establecer procedimientos para documentar cualquier intento o uso efectivo de una propiedad estatal por parte de agentes federales vinculados con la aplicación de las leyes migratorias

Los registros podrán incluir fotografías o videos como evidencia. Además, las dependencias deberán informar de inmediato estos episodios a la Oficina del Fiscal General, según los procedimientos previstos por la ley

Empleados, inquilinos y trabajadores de seguridad de los recintos estatales recibirán materiales educativos sobre sus derechos frente al ingreso de agentes federales

Otras medidas del paquete legislativo

El paquete firmado por Newsom incluye un impuesto del 25% para los centros privados de detención que operen en California. También prohíbe el uso policial de guantes capaces de producir descargas eléctricas durante actividades de aplicación de la ley

Otra disposición establece requisitos para identificar claramente los vehículos de alquiler utilizados en arrestos o traslados

Newsom sostuvo que el Estado no puede definir la política federal, pero sí establecer las condiciones en las que determinadas actividades se desarrollan dentro de su territorio. Según el gobernador, las nuevas normas buscan reforzar la supervisión, la transparencia y la rendición de cuentas