Bobby Charles, aspirante republicano a gobernador de Maine, impulsa un plan para pedir la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los centros de votación durante las elecciones generales de noviembre
La propuesta incluye una solicitud directa al coordinador fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, para que designe oficiales federales en los recintos electorales. Charles aseguró que haría ese pedido entre tres y cuatro semanas antes de la votación
Una idea centrada en el control electoral
El candidato sostuvo que la medida serviría para evitar que participen personas sin ciudadanía estadounidense. También defendió que quienes tienen derecho legal al voto deben poder ejercerlo sin presiones externas
Charles es abogado y tiene trayectoria en la administración pública federal de Estados Unidos. Durante el gobierno de George W. Bush ocupó el cargo de secretario de Estado adjunto para Asuntos Internacionales
Tras ganar las primarias republicanas en junio, obtuvo la nominación oficial de su partido. En noviembre competirá por la gobernación de Maine frente a la demócrata Hannah Pingree, expresidenta de la Cámara de Representantes del estado, en reemplazo de Janet Mills, que no puede buscar otro mandato por el límite constitucional
Rechazo demócrata y límites legales
La secretaria de Estado de Maine, Shenna Bellows, rechazó la iniciativa y recordó que la normativa federal prohíbe de forma estricta la presencia de agentes de inmigración o efectivos armados en los centros de votación
Desde el Partido Demócrata de Maine calificaron la propuesta como un intento de intimidación y afirmaron que vulnera la legislación electoral y la Constitución
También hubo un desmentido desde el Departamento de Seguridad Nacional. Sus voceros descartaron cualquier despliegue de personal en los lugares de votación y aclararon ante el Congreso que ni inmigración ni la Patrulla Fronteriza tienen funciones de custodia en las mesas electorales
Según la versión oficial, los agentes solo podrían intervenir ante una amenaza específica para la seguridad pública, no como parte de un operativo de control migratorio en los alrededores de los recintos de sufragio